PREDIF denuncia el incumplimiento de los “servicios mínimos sociales” durante la huelga de taxis

Huelga de taxis en Madrid

COMUNICADO. Para varios usuarios consultados les fue imposible conseguir un eurotaxi.

Ayer casi toda España vivió una jornada de huelga del servicio público de taxis, convocada por las principales entidades del sector: Fedetaxi, Antaxi, Élite, Plataformas TNT y Caracol, y que fue secundada prácticamente por el 100 % del colectivo.

Según informaron estas asociaciones, durante todo el día, habría taxis adaptados, del modelo Eurotaxi, señalizados con carteles en las ventanillas, que ofrecerían gratuitamente, en su mayoría, “servicios mínimos sociales” a enfermos, ancianos, personas con bebés y personas con discapacidad. Pero ¿realmente se cumplieron?

El Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad, fija en su artículo 8 que los ayuntamientos promoverán que al menos un 5 por ciento o fracción de las licencias de taxi correspondan a vehículos adaptados. O sea, que en España deberían existir como mínimo 3.499 taxis adaptados (total: 69.972, fuente: INE) y en Madrid, 786 (total: 15.723, fuente: INE). Es decir, taxis dirigidos a las personas con discapacidad, uno de los colectivos cubiertos por los servicios mínimos sociales en caso de huelga. Sin embargo, la capital sólo dispone de unos 300 vehículos adaptados, un 1,9 % del total de la flota (Fuente: Oficina Municipal del Taxi del Ayuntamiento de Madrid).

El problema fue que, en el día de ayer, a varios usuarios consultados les fue imposible conseguir un eurotaxi, en primer lugar, dada la alta demanda y, en segundo lugar, porque algunas asociaciones sólo tuvieron un porcentaje muy bajo de taxis adaptados en servicio.

Puede darse la circunstancia de que en la jornada de huelga estos taxis adaptados prestaran servicio a cualquier ciudadano sin discapacidad o de otro de los colectivos garantizados (enfermos, ancianos o personas con bebés), aun siendo su prioridad las personas con discapacidad. En ese caso de estar libres de estos servicios, estarían en igualdad con los demás autotaxis no adaptados para darles prestación. La clave de este asunto es que no es posible probar qué tipo de personas utilizó estos taxis adaptados.

En definitiva, según datos de Fundación ONCE y el CERMI, la proximidad del horizonte temporal fijado por la norma es preocupante, ya que en aproximadamente el 60 % de los municipios la proporción de taxis adaptados se encuentra aún por debajo del 3,5 %. Tan sólo Extremadura (8,7 %), Murcia (8,4 %), Navarra (7,3 %) y Melilla (6,7 %) cumplen con creces la normativa.

Reivindicaciones del sector

No obstante, somos conscientes de la situación que viven los taxistas y defendemos el derecho constitucional de huelga, como mecanismo de reivindicación, defensa y lucha, algo que también forma parte del ADN de entidades como la nuestra, conseguir mejorar las condiciones de vida de las personas. Esos sí, sin menoscabar los derechos de otros ciudadanos.
Las asociaciones convocantes “luchan contra el intrusismo y la competencia desleal” y pretenden “hacer frente ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en contra de la liberalización del sector” y piden el desarrollo de normativas que protejan su actividad.

El Real Decreto 1057/2015, de 20 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, desarrolla las restricciones del servicio VTC (vehículos con conductor) fijadas en la Ley 9/2013, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea. Este Real Decreto recupera la ratio de 1 VTC por 30 taxis, que desapareció por la conocida Ley Ómnibus (Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio). Sin embargo, muchas de las licencias que se están otorgando por vía judicial, algunas hace apenas unas semanas, fruto del vacío legal registrado entre 2009 y 2013, hacen temer al sector de taxistas que sienten jurisprudencia para la concesión de las 10.000 peticiones de VTC solicitadas en ese periodo, según datos de la Comisión Europea.

Aun con este futurible, en la actualidad ya no se cumple la ratio de 1/30. En España existen 69.972 licencias de taxi (fuente INE, julio 2017) frente a las 6.455 VTC, según datos del Ministerio de Fomento, lo que sitúa la proporción en 1/10. En el caso de Madrid capital, las cifras empeoran con 15.723 taxis, un 22 % de total nacional, frente a 2.522 VTC, lo que supone un 1/6.

En resumen, esperemos que el nuevo real decreto que el Ministerio de Fomento prevé aprobar a principios de 2018 sobre la regulación de los VTC, y que supuestamente permitirá la convivencia entre este sector y el del taxi, acabe con este conflicto que, como consecuencia, sufrimos todos los ciudadanos, y en mayor medida las personas con discapacidad.

 

(Fotografía vía 20minutos.es)
 

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