Ley General de Discapacidad

El pasado día 29 de noviembre el Consejo de Ministros ha aprobado la Ley General de Discapacidad, un texto que pretende responder a los requerimientos surgidos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

 

Unifica la Ley 13/1982, de integración social de los minusválidos (LISMI), la Ley 51/2003, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad (LIONDAU), y la Ley 49/2007 de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

 

El texto responde a la tarea técnica de agrupar y dar sentido a la normativa ya existente, por lo que apenas aporta novedades. Es lo que sucede, por ejemplo, en el caso del régimen de infracciones y sanciones: la cuantía de las multas es la misma que ya fijaba la anterior ley, si bien se introducen conceptos como la discriminación por acoso o asociación y la discriminación múltiple, que trata de proteger de manera singular a los niños y mujeres con discapacidad.

 

Una de las aportaciones que hace este Real Decreto Legislativo y que habrá que esperar para comprobar su desarrollo es introducir el concepto de “capacidad” incluso en la fase de diagnóstico. A partir de ahora, los equipos profesionales que se encarguen de valorar las lesiones que tiene una persona harán alusión también a sus capacidades y habilidades físicas, sensoriales e intelectuales.

 

La Norma incluye el reconocimiento expreso del principio de libertad en la toma de decisiones, de manera que sean las personas con discapacidad las que puedan optar o no por acogerse a las medidas de acción positiva.

Otra novedad, que en este caso deberán desarrollar las comunidades autónomas, es el obligar a regular un sistema de apoyos y ajustes razonables para la inclusión educativa.

 

 

Sin duda son pocos y tímidos los avances, pero la importancia de esta Ley es su carácter clarificador, algo muy importante para legisladores, jueces y técnicos que deben desarrollar estos preceptos y obligaciones y llevarlos a la realidad.
 

  • Logotipo del IMSERSO, Instituto de Mayores y Servicios Sociales
  • Logotipo del Real Patronato sobre Discapacidad
  • Logotipo del Plan Avanza
  • Logotipo de la Fundación Vodafone España
  • Logotipo de la Fundación ONCE
  • Obra Social Caixa