FEJIDIF da la bienvenida a “Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía”

El Pleno del Parlamento andaluz aprueba una norma que afectará a más de 720.000 personas, casi el 10 % de su población.

Por fin se ha aprobado la esperada “Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía”. Para FEJIDIF la ley es de extrema necesidad porque supone una modernización de las cuestiones de la discapacidad, afianzar el derecho individual a través de la igualdad de oportunidades y en general garantizar el ejercicio de los derechos ciudadanos para los andaluces y andaluzas con discapacidad.

FEJIDIF expresa igualmente la necesidad de la aplicación de la ley y de la transversalidad a todas las políticas de la Junta de Andalucía.

En Andalucía hay 583.018 personas (295.413 hombres y 287.605 mujeres) que tienen reconocido por los Centros de Valoración y orientación un grado de discapacidad igual o superior al 33% (Datos a 12 de septiembre de 2017).
La Ley prevé distintos instrumentos y medidas como los planes de acción integral para las personas con discapacidad en general y para las mujeres, para su desarrollo.

Este miércoles 13 de septiembre de 2017 el Pleno del Parlamento de Andalucía ha aprobado la Ley de derechos de personas con discapacidad en Andalucía prevé la calidad de vida de más de 720.000 personas (casi el 10% de la población) y de sus familias, con especial atención a las más vulnerables. La nueva ley cuenta con un presupuesto de 1.300 millones de euros y tipifica las infracciones que oscilan entre 301 euros y 1.000.000 de euros. La contratación pública se reserva el 5% del importe anual de la Junta, en las actividades que se determinen, a favor de los Centros Especiales de Empleo.

Uno de los avances de la Ley es el enfoque hacía un modelo social basado en las capacidades y en la interacción con el entorno, así como la participación real y efectiva en todos los asuntos que le son propios.

Igualmente, el derecho a la atención infantil temprana (0 a 6 años) mediante acciones coordinadas con los servicios sociales, sanitarios y educativos, así como el derecho a una educación inclusiva, permanente y de calidad.

Las Universidades andaluzas, por su parte, deberán elaborar un censo de personas con discapacidad, aprobar un plan especial de accesibilidad y disponer de una unidad o servicio de atención o apoyo a los estudiantes con discapacidad. Asimismo, estarán representadas en el Consejo Andaluz de Personas con Discapacidad.

Formación y empleo
Las ofertas de empleo público y las bolsas de trabajo temporal la reserva de un cupo no inferior al 10% del número de plazas para personas con discapacidad de ellas el 1 % de plazas para personas con enfermedad mental.

En los cursos de formación para el empleo, organizados por la Administración de la Junta de Andalucía, se reservará el 5%. Asimismo, se reservará al menos el 5 % de plazas para personas con discapacidad en el conjunto del Programa de Escuelas Taller, Casas de Oficio y Talleres de Empleo.

La ley obliga a las administraciones y empresas aprueben planes de empleabilidad, con un enfoque de género para fomentar la contratación de mujeres con discapacidad.

La ley reconoce específicamente el derecho de las personas con discapacidad en situación de dependencia a la asistencia personal para llevar una vida independiente. Por ello, entre otras actuaciones, obliga a impulsar viviendas tuteladas o compartidas para la promoción de la autonomía personal, así como cualquier otro tipo de apoyo a la vida independiente.

Los planes de accesibilidad de las administraciones autonómica y local deberán actualizarse cada cinco años.
Otro aspecto novedoso de la ley es el reconocimiento de los perros de asistencia, adiestrados específicamente para el acompañamiento, conducción, ayuda y auxilio de personas con discapacidad.

Vivienda, se consolida la reserva de un 4 % de las protegidas destinadas a personas con discapacidad y, como novedad, la Consejería competente en esta materia deberá regular las viviendas convertibles, que permitan fácilmente su adaptación a las diferentes capacidades o funcionalidades de las personas. Asimismo, las personas con discapacidad tendrán preferencia en la concesión de ayudas para la adaptación de las viviendas.

Por ultimo, en el turismo y las actividades de ocio se garantizará la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad.
 

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