PREGUNTAS - ACCESIBILIDAD

(Traducido de la página de las Naciones Unidas) A lo largo de la historia humana, la tecnología siempre ha impactado la manera de vivir. La Revolución Industrial marcó el comienzo de una nueva era de la tecnología que eleva el nivel de vida de personas en todo el mundo y su acceso a los bienes y servicios. Hoy en día, la tecnología está incorporada en todas las facetas de la vida diaria. La aparición de tecnologías de la información y las comunicaciones han aumentado dramáticamente la conectividad entre las personas y su acceso a la información, y criado más el nivel de vida.

Las TIC efectivamente han cambiado la manera de vivir, trabajar y jugar. Sin embargo, no todas las personas se benefician de los avances de la tecnología y los estándares de vida más elevados. Esto es principalmente porque no todas las personas tienen acceso a las nuevas tecnologías y no todas las personas los puedan comprar.

Hoy en día, hay más de mil millones de personas que viven en el mundo con algún tipo de discapacidad. Alrededor del mundo, las personas con discapacidad no sólo se enfrentan a barreras físicas, sino también las barreras sociales, económicas y de actitud. Por otra parte, la discapacidad se asocia con el veinte por ciento de la pobreza mundial, de los cuales la mayoría vive en países en desarrollo. A pesar de ser la minoría más grande del mundo, las personas con discapacidad y el tema de la discapacidad se ha mantenido en gran medida invisibles en los marcos de desarrollo generales y sus procesos.

Desde 1992, la celebración anual del Día Internacional de las Personas con Discapacidad tiene como objetivo promover la comprensión de los temas de discapacidad y movilizar el apoyo a la dignidad, los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad. Asimismo, se pretende aumentar la conciencia de los beneficios que se derivan de la integración de las personas con discapacidad en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural.

La celebración del Día de este año Internacional de las Personas con Discapacidad (IDPD) ofrece una oportunidad para aumentar la sensibilización de la discapacidad como una cuestión de desarrollo transversal. El tema de la conmemoración de este año, "Desarrollo Sostenible: La promesa de la tecnología" es oportuna, ya que marca la conclusión del período de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en 2015 y el lanzamiento del nuevo marco de desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS).

Tres sub-temas elegidos:

- Que integre la discapacidad Objetivos de Desarrollo Sostenible
- Reducción del Riesgo de Desastres y Respuestas de Emergencia
- Creación de condiciones propicias de trabajo

 

 

NORMATIVA:

Según el Código Técnico de la Edificación en su Documento Básico de Seguridad de utilización y Accesibilidad (CTE-SUA) para que un ascensor pueda ser considerado accesible debe cumplir con los requisitos establecidos en la norma UNE EN 81-70:2004 relativa a la “Accesibilidad a los ascensores de personas, incluyendo personas con discapacidad”

ACCESO EN PLANTA:
• Para ayudar a personas con discapacidad visual a la localización de la puerta del ascensor, su color debe contrastar con el acabado de las paredes adyacentes. Además frente a la puerta habrá una franja de pavimento de color contrastado y de
distinta textura de 150 cm por 150 cm.
• Para facilitar las maniobras de entrada y salida a usuarios de silla de ruedas, frente a la puerta del ascensor existirá un espacio libre de obstáculos en el que pueda inscribirse un circulo de 150 cm de diámetro. Éste no tendrá ningún tipo de inclinación.
• La separación horizontal máxima entre el suelo de la cabina y el del rellano de acceso será de 2 cm, y la separación vertical máxima será de 1cm.

PUERTA:
• Las puertas serán automáticas y correderas. Tendrán un ancho de paso no inferior de 80 cm para que pueda cruzarlas un usuario de silla de ruedas.
• El tiempo de mantenimiento de la puerta abierta deberá poder ajustarse hasta en 20 segundos. También habrá dentro de la cabina, un botón de cierre de puertas.
• Las puertas estarán equipadas con un sensor de detección de personas, que cubra una altura entre 25 cm y 180 cm por encima del suelo.

CABINA:
• Las dimensiones mínimas de la cabina con una sola puerta o con dos puertas enfrentadas será de 100 cm de ancho y 125 cm de fondo. Esta cabina sólo tiene capacidad para un usuario de silla de ruedas.
• La cabina tendrá un pasamanos perimetral situado a una altura de 90 cm.
• En cabinas estrechas en las que un usuario de silla de ruedas no pueda hacer un giro de 360º (Ø 150 cm), es imprescindible que exista un espejo en la pared enfrentada a la puerta, éste permite la detección de obstáculos a la hora de salir de la cabina con la silla de espaldas a la puerta. La altura del borde inferior del espejo estará entre los 30 y 90 cm, nunca llegará hasta el suelo para evitar confusión óptica a usuarios con visión reducida.

DISPOSITIVOS DE CONTROL:
• Todos los dispositivos de control de la cabina, exteriores e interiores, tendrán un diámetro mínimo de 3 cm, serán de color contrastado y tendrán caracteres en braille y altorrelieve. La altura mínima del relieve será 0,8 mm.
• Los botones de llamada estarán situados a una altura de entre 90 y 110 cm, lo más próximos posible a la puerta del ascensor.
• Los botones de control de cabina estarán situados a una altura de entre 90 y 120 cm, a una distancia de 40 cm de la esquina de la cabina. Su disposición puede ser vertical u horizontal.
• El botón de alarma de emergencia debe estar equipado con: a) un testigo luminoso que indique a las personas sordas que la llamada de emergencia ha sido registrada, b) un enlace de voz tipo interfono con un bucle de inducción magnética para facilitar la comunicación a personas que utilicen prótesis auditivas.

SEÑALES VISUALES:
• Fuera y dentro de la cabina existirá un sistema de señalización visual que indicará la planta en la que está situado el ascensor y su sentido de desplazamiento. Se situará arriba de las puertas o de los dispositivos de control del ascensor.

SEÑALES SONORAS:
• Para facilitar la utilización del ascensor a personas con discapacidad visual, la cabina tendrá un sistema de señalización sonoro que indicará la apertura y cierre de puertas, la planta de parada del ascensor y el sentido de desplazamiento.

ILUMINACIÓN
• Las luminarias se situarán en el techo de la cabina fuera del ángulo de visión de los ojos para no causar deslumbramiento a personas de visión reducida, y generar una iluminación más homogénea dentro de la cabina.

 

Las rampas deben cumplir con unos requisitos concretos. No todas sirven, sigue siendo muy habitual encontrarse con rampas con características que las hacen inutilizables e incluso peligrosas.

 

 

Una rampa accesible para todas las personas debe cumplir los siguientes puntos:

• Las rampas deben tener un ancho libre mínimo de 120 cm y ser de directriz recta o ligeramente curva.

• Las pendientes variarán en función de la longitud de la rampa: para recorridos iguales o menores a 3 metros, la pendiente será inferior a 10%; para recorridos de 3 a 6 metros, pendiente inferior al 8% y para recorridos de 6 a 9 metros, la pendiente debe de ser igual o menor a 6%. Las pendientes mayores a las indicadas son insalvables para personas en silla de ruedas, e incluso pueden provocar que la silla vuelque.

• La rampa no tendrá una longitud mayor a 9 m una distancia mayor es difícil de recorrer por personas de movilidad reducida. De ser más largas, dispondrán de varios tramos, con rellanos intermedios de una anchura igual a la rampa y una profundidad de 150 cms., estos rellanos servirán para que una persona en silla de ruedas pueda efectuar paradas para descansar a mitad de la rampa.

• La pendiente transversal debe ser menor o igual al 2%, para evitar el deslizamiento lateral de la silla de ruedas.

• El suelo debe de ser antideslizante para evitar caídas.

• A ambos lados y en toda su longitud la rampa contará con un bordillo de protección de al menos 12 cm de altura, para evitar el descarrilamiento de la silla de ruedas.

• La rampa debe tener un doble pasamanos, situado a ambos lados y a una altura entre 90 y 105 cm el más alto y entre 70 y 85 cm el más bajo, la distancia entre ambos será de 20 cm. Los pasamanos se prolongarán 30 cm en los extremos de la rampa para que las personas puedan asirse antes de empezar a bajar o subir.

• Las áreas de embarque y desembarque de la rampa deben estar libres de obstáculos y permitir la inscripción de una circunferencia de 150 cm de diámetro, para que una persona en silla de ruedas pueda realizar un giro de 360º.
 

El Turismo Accesible o Turismo para Todos no se limita a la eliminación de barreras físicas, sensoriales o de la comunicación, sino que tiene por finalidad lograr que los entornos, productos y servicios turísticos puedan ser disfrutados en igualdad de condiciones por cualquier persona con o sin discapacidad.

 

El Turismo Accesible sólo existe cuando la accesibilidad se ha incorporado a toda la cadena de valor del turismo. No se trata únicamente de tener un hotel accesible o una atracción turística accesible, sino que debe tenerse en cuenta la experiencia del viaje en su conjunto: su planificación, la información turística, los transportes públicos o privados, el alojamiento, las actividades turísticas y de ocio, los restaurantes, etc.

 

La Accesibilidad Universal es una cualidad imprescindible que deben tener los entornos, productos y servicios turísticos para que puedan ser utilizados de forma autónoma, segura y normalizada por cualquier persona con independencia de que tenga limitadas determinadas capacidades.

 

La inclusión y la no discriminación de las personas con discapacidad y con otras necesidades diversas es una obligación recogida en la legislación española. En el turismo también se debe considerar, ya que este grupo de personas tiene derecho al ocio y al disfrute de su tiempo de vacaciones en las mismas condiciones que el resto de las personas tal y como lo especifica en su artículo 30 la “Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad”, firmada en Nueva York el 13 de diciembre de 2006 por las Naciones Unidas, ratificada por España en 2007 y en vigor desde el 3 de mayo de 2008.

 

La accesibilidad es imprescindible para el 10% de la población, necesaria para el 40 % y cómoda para el 100%.

La falta de accesibilidad en los recursos turísticos es una forma indirecta, pero sutil, de discriminación. Por tanto, al introducir el concepto de turismo accesible en los destinos se garantiza la igualdad de oportunidades de todas las personas.

 

A la hora de hablar de los turistas con discapacidad y con otras necesidades especiales, a pesar de los múltiples estereotipos que existen, se hace alusión a todas las personas que por circunstancias transitorias (embarazo, escayola en un miembro corporal) o permanentes (envejecimiento, discapacidad física o sensorial, etc.) se encuentran en una situación que precisa de una atención especial adecuada a sus necesidades. Esto pone de manifiesto que cualquiera de nosotros puede formar parte de este grupo.

 

¿Por qué desarrollar un turismo accesible para todos?

  1.  

- Porque el turismo es un elemento básico en la vida cotidiana, donde el sector hostelero ocupa uno de sus ejes centrales, y es un derecho de nuestra sociedad.

- Porque el turismo es un factor de integración social.

- Porque el turismo accesible para todos es una oportunidad de negocio para los empresarios del sector hostelero.

- Porque la accesibilidad es un elemento básico de calidad de la oferta turística.

  1.  


 

Una de las consecuencias de la Ley de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha sido la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal 49/1960. Así, el 28 de junio de 2013 entran en vigor las modificaciones introducidas en la Ley 8/2013.

La publicación de la Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación urbanas termina de apostar por la accesibilidad en las Comunidades de Propietarios.

¿Cuándo está obligada la Comunidad a hacerse cargo de las obras de adaptación de las instalaciones comunes?

Cuando la persona interesada lo solicite, las comunidades de propietarios están obligadas a realizar las obras y actuaciones que resulten necesarias para garantizar los ajustes razonables en materia de accesibilidad universal y, en todo caso, las requeridas a instancia de los propietarios en cuya vivienda o local vivan, trabajen o presten servicios voluntarios, personas con discapacidad, o mayores de setenta años, con el objeto de asegurarles un uso adecuado a sus necesidades de los elementos comunes, así como la instalación de rampas, ascensores u otros dispositivos mecánicos y electrónicos que favorezcan la orientación o su comunicación con el exterior.

La ley considera que el ajuste es razonable, y por tanto las obras deben de ser asumidas por la Comunidad si su coste no excede de 12 mensualidades ordinarias de gastos comunes una vez descontadas las subvenciones o ayudas públicas.

En el caso de que las obras excedan las doce mensualidades ordinarias, el exceso de dicho importe pueden asumirlo los promotores de las mismas, mientras que seguirá siendo obligatorio para la Comunidad contribuir con una cantidad equivalente al presupuesto ordinario de un año.

Por supuesto, si las obras se someten a la consideración de la Junta, y se aprueban por la doble mayoría de propietarios y coeficientes, el acuerdo obliga a todos los propietarios. Y todos contribuirán, en proporción a su coeficiente, al importe total de las cuotas aunque excedan un año de de las mismas.

¿Quién debe instar el derecho?
El propietario de la vivienda

¿Quién es el beneficiario?
Quienes acreditando la discapacidad a través de certificado o su condición de tener 70 años de edad o más son titulares de la finca en calidad de propietarios, arrendatarios, subarrendatarios, usufructuarios o meros usuarios de la vivienda.

En el siguiente enlace pueden descargarse la guía informativa publicada por el CERMI que contiene éste y otros aspectos sobre obras en Comunidades así como los formularios preparados para su presentación al Presidente o al Administrador: Guía informativa CERMI (pdf)

 

El CERMI Estatal pone en marcha el proyecto denominado “100 denuncias 100 en Accesibilidad” con el objetivo de confeccionar un catálogo de situaciones que suponen violación de los derechos de las personas con discapacidad por ausencia o deficiencias graves en materia de accesibilidad.

Se trata de catalogar exhaustivamente 100 situaciones de discriminación representativas del estado general de la accesibilidad, en todas las partes de España, en los distintos entornos y procesos en los que se despliega la participación de las personas con discapacidad en la comunidad.

Para ello, se ha elaborado una ficha de toma de datos cuyo objetivo es conocer el problema de accesibilidad denunciado y las posibles consecuencias negativas que ha tenido o potencialmente puede tener.

El plazo de recepción de fichas finaliza el 31 de enero de 2014.

Esta ficha puede cumplimentarse y enviarse a través de varios canales:

1. Formulario Web en el siguiente enlace: www.cermi.es
2. En este mismo enlace se puede descargar el documento para poder cumplimentarlo “a mano” y enviarlo a:

CERMI Estatal

C/. Recoletos, 1 bajo. 28001 Madrid

A la atención de: 100 Denuncias 100

3. O bien descargárselo, cumplimentarlo en su ordenador y enviarlo a: 100denuncias100@cermi.es

 

100 denuncias cermi

La LEY 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad define la Accesibilidad Universal y el Diseño para todos de la siguiente forma:
Accesibilidad universal es la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. Presupone la estrategia de «diseño para todos» y se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse.
Diseño para todos es la actividad por la que se concibe o proyecta, desde el origen, y siempre que ello sea posible, entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos, instrumentos, dispositivos o herramientas, de tal forma que puedan ser utilizados por todas las personas, en la mayor extensión posible. 

Sí, existen normativas estatales y autonómicas que regulan las condiciones de accesibilidad que deben cumplir los entornos urbanos, los edificios públicos o privados, los transportes, los medios de información y comunicación, entre otros ámbitos.
La Ley 13/1982, de 7, de abril de Integración Social de los Minusválidos (LISMI) es la percha jurídica en temas de accesibilidad en España, en su título IX recoge una serie de medidas tendentes a facilitar la movilidad y accesibilidad de este grupo social, a cuyo fin las administraciones públicas competentes debían aprobar las normas urbanísticas y arquitectónicas básicas. La LISMI estipula también que la regulación de la Accesibilidad es competencia de las Comunidades Autónomas.
Transcurridos más de 20 años desde la promulgación de la LISMI, la existencia de diferentes Leyes y Reglamentos de ámbito autonómico sin un referente unificador, se ha traducido en una multitud de diferentes criterios que ponen en cuestión la igualdad y la no discriminación, entre las personas con discapacidad de diferentes comunidades autónomas.
Por ello se consideró necesario promulgar la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las personas con discapacidad (LIONDAU) que pone de manifiesto la necesidad de un nuevo planteamiento de la accesibilidad, que a partir de la LIONDAU cobra un nuevo carácter, dejando de ser considerada como un aspecto más o menos intenso de la acción social o los servicios sociales, para ser entendida como un presupuesto esencial para el ejercicio de los derechos fundamentales que asisten a los ciudadanos con discapacidad.
Esta Ley en sus disposiciones finales exigía que en el plazo de dos años, desde la entrada en vigor de la misma, el Gobierno debía establecer las siguientes normas:
REAL DECRETO 366/2007, de 16 de marzo, por el que se establecen las condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración General del Estado.
REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones.
REAL DECRETO 1494/2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social.
REAL DECRETO 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad.
Ley 49/2007, de 26 de diciembre, por la que se establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. En vigor a partir del 12 de marzo de 2010

 

Disponer en España de una tarjeta de aparcamiento para personas con movilidad reducida no garantiza encontrar una plaza dónde estacionar el vehículo cerca del lugar al que se desea acudir. Son varias las causas que lo imposibilitan. Destacamos como relevantes las siguientes:

 

Diversidad de criterios en las normativas que regulan el aparcamiento

 

A pesar de que el Consejo de la Unión Europea emitió una recomendación el 4 de junio de 1998, estableciendo la tarjeta europea de estacionamiento para personas con discapacidad cuyo texto dice que dicha tarjeta deberá ser reconocida en todos los Estados miembros de la UE con arreglo a un “modelo uniforme”, la situación actual en España dista mucho de poder ser calificada como un “modelo uniforme”. Ello por que, cada municipio regula este derecho según sus propios criterios y las normas pueden ser totalmente distintas entre un municipio y otro, incluso dentro de una misma comunidad autónoma. No existe una regulación de ámbito nacional. En un estudio de la organización de Consumidores y Usuario advierten las diferencias entre unos municipios y otros. Municipios que permiten el aparcamiento en zonas de estacionamiento regulado,otros que obligan a su pago y otros que dejan estacionar en los lugares de carga y descarga a quienes porten tarjeta de discapacidad, mientras otros lo prohíben; consistorios que sólo aceptan las tarjetas de aquellos que están empadronados en el municipio e incluso algunos que otorgan plazas a vehículos concretos que no pueden ser ocupadas por otras personas con discapacidad si no coincide el número de matrícula. Otras veces la normativa puede cambiar de la noche a la mañana para hacerse más restrictiva.

 

La escacez de plazas y la mala ubicación de las existentes

 

Otra causa relevante es la escasez de plazas. En este sentido, el presidente de ASPAYM Cataluña, Emili Ramón Figueras, comenta que, “en Barcelona, hay bastantes plazas, pero están reservadas para vehículos concretos. Para las personas con discapacidad en general hay escasez de plazas de aparcamiento, especialmente en los alrededores de los edificios oficiales, a los que tenemos que acudir a menudo”. Ocurre también que ayuntamientos que son reticentes en la creación de plazas de estacionamiento pueden, sin embargo, ser excesivamente generosos en la concesión de tarjetas expidiendo tarjetas a gente que tiene discapacidades muy leves y no están realmente en una situación de movilidad reducida.

 

Falta de Civismo

 

A los anteriores problemas hay que añadir esas dificultades que surgen en el día a día, en gran parte provocadas por el incivismo de otros conductores. Aunque cada día hay más conciencia social sigue habiendo gente que aparca y ocupa una plaza de discapacidad durante una hora.

 

La lacra del fraude y la falsificación de tarjetas

 

El uso fraudulento de las tarjetas de aparcamiento para personas con discapacidad es una realidad. Hay familiares de los titulares de las tarjetas que las usan para ir a hacer la compra o utilizan la tarjeta de un familiar que ya ha fallecido y que está caducada. Además del uso fraudulento, existe otra lacra que cada vez se da con más frecuencia, debido al avance de las tecnologías: la falsificación de tarjetas. Quienes falsifican están cometiendo un delito e impidiendo que personas que realmente tienen problemas serios de movilidad puedan aparcar.

 

¿Cúal sería la solución? 

 

Ante este panorama, la tarjeta Europea, nacida de la Recomendación emitida por el Consejo de Europa en 1998, podría ser un instrumento de homologación si se implantara, con criterios comunes, en todos los ayuntamientos. Dicha tarjeta, que ya es oficial en algunos municipios, es de color azul, lleva el símbolo universal de la discapacidad junto a las 12 estrellas de la bandera europea e incorpora todas las lenguas oficiales de la UE. Como las competencias en materia de movilidad corresponden a los ayuntamientos, la homologación de normas bajo el paraguas de la tarjeta europea, es algo que solo puede venir de la implicación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), máxima responsable de todas estas situaciones. Si a los municipios les llegaran unas directrices claras desde sus propias federaciones, sería mucho más sencillo. No obstante, desde la propia FEMP, puntualizan que la Comisión de Movilidad únicamente puede elaborar un informe no vinculante que deberá elevara la Comisión Ejecutiva para su aprobación. En el mejor de los casos, la FEMP no puede imponer nada a los municipios, tan solo hacer recomendaciones.

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