El 4 de diciembre ya ha llegado, pero las barreras aún no han desaparecido

Hoy finaliza la moratoria para el cumplimiento de la Ley de Accesibilidad Universal, sin garantías de cumplimiento de esta legislación

La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social definen discapacidad como una situación que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y cualquier tipo de barreras debidas a la actitud y al entorno que limitan o impiden su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.

Se reconoce la existencia de barreras en el entorno físico, social, económico y cultural, de la salud, de la educación y de la información y las comunicaciones, que impiden que las personas con discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Por tanto, al haber sido la sociedad quien ha situado esas barreras, es ella misma a través de las administraciones la que tiene que eliminarlas, la que tiene que garantizar la accesibilidad universal como el instrumento necesario para que las personas con discapacidad puedan disfrutar de los derechos fundamentales, la igualdad de oportunidades y la autonomía personal.

En este sentido, en el año 2003, con la aprobación de la LIONDAU se estableció que a partir de entonces todos los entornos, productos, bienes y servicios deberían diseñarse de forma que fueran accesibles para las personas con discapacidad. Esa misma Ley estableció que todo lo preexistente debería ir convirtiéndose en accesible (teniendo en cuenta el concepto de ajuste razonable) y fijaba en 2019 la fecha límite para esa conversión. La aprobación del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social adelantó este plazo hasta el 4 de diciembre de 2017.

Hoy tenemos un gran problema: el plazo se ha cumplido y las personas con discapacidad siguen encontrándose barreras físicas, sensoriales, cognitivas y actitudinales en todos los ámbitos de sus vidas que les impiden el derecho a la igualdad de oportunidades y a la autonomía personal.

Desde PREDIF hemos observado que no ha existido antes ni existe ahora una planificación para, simplemente, garantizar el cumplimiento de la legislación vigente. Es un secreto a voces que durante todos estos años han sido pocos los esfuerzos destinados a hacer accesible lo existente pero nos llena de tristeza y desesperanza constatar que el día límite establecido por las administraciones para que las personas con discapacidad puedan vivir una vida plena e independiente, aquellas están observando el proceso desde la barrera, con una ausencia total de sentido de la responsabilidad.

Son muchas las esperanzas depositadas en esta fecha y ahora sepultadas. Las personas con discapacidad y sus familias, el colectivo más vulnerable de la sociedad, ha visto otra vez cercenados sus derechos humanos y otra vez ha sido bajo la mirada pasiva de las administraciones.

Por todo esto, desde PREDIF, hacemos un llamamiento al movimiento social de las personas con discapacidad, a sus familias, a las entidades sociales, a las organizaciones cívicas, y en general a todo aquel que crea que los derechos humanos son un logro recogido por los estados para todos sus ciudadanos sin ningún tipo de discriminación. Hacemos este llamamiento para que en la medida de las posibilidades de cada uno, se interpongan denuncias por cualquier falta de accesibilidad. Las denuncias se pueden interponer por vías administrativas o judiciales, ante los ayuntamientos, comunidades autónomas o ministerios, en los juzgados, en la Fiscalía o ante el Defensor del Pueblo.

PREDIF, alineado con el resto del tejido asociativo organizado por el CERMI, comienza ahora una campaña de denuncia y de sensibilización.

Es nuestra obligación como representantes de las personas con discapacidad denunciar no sólo la falta de accesibilidad sino también la ausencia de acciones llevadas a cabo desde las administraciones, y poderes públicos en general, para garantizar el cumplimiento de la ley.

Continuaremos con más fuerza realizando campañas de sensibilización para que todos los agentes que operan en nuestra sociedad, públicos o privados, sean conscientes de la vulneración de derechos que se está produciendo en nuestro país y para que conozcan que la accesibilidad universal es la llave para lograr la igualdad de oportunidades y la autonomía personal. También tenemos que hacerles conscientes de que el incumplimiento les debe conducir a las sanciones estipuladas en la Ley.

Son muchos los logros alcanzados y los derechos conseguidos durante estos últimos años. En este sentido PREDIF seguirá trabajando para que con las herramientas de la accesibilidad y de la asistencia personal, las personas con discapacidad puedan llevar una vida independiente y participar de forma activa e igualitaria en el desarrollo de la sociedad.
 

Ignacio Osorio, responsable de Accesibilidad Universal de PREDIF

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