Discapacidad e impuestos que gravan la sucesión

Hay dos impuestos que gravan la transmisión de bienes por causa de muerte.

El primero es el de sucesiones, este está transferido a la comunidades autónomas y cada una tiene su propia legislación. En este impuesto si suele estar contemplada la reducción por minusvalía -entiéndase discapacidad- (normalmente en dos tramos el 33% y el 65%) Este impuesto grava la totalidad de la herencia y es competente la Administración donde el causante ( el fallecido) tenia su domicilio habitual.

El segundo impuesto es el que comúnmente se llama plusvalía y cuyo nombre exacto es "Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos por Causa de Muerte"  o IIVTCM. Este impuesto esta creado por la Ley de Haciendas Locales de 1988 y es competencia del Ayuntamiento donde radiquen los bienes inmuebles. Como creo que es a éste al que Vd. se refiere lo trataremos más profundamente.

Para calcular éste impuesto se suelen tener en cuenta los siguientes parámetros: valor catastral del suelo y años de permanecía en el patrimonio del causante. Luego hay unos coeficientes que nos vienen fijados o por las Ordenanzas Municipales o por la ley del Impuesto. Por lo que no suele ser posible entrar a considerar la discapacidad. Hay algunos Ayuntamientos que también consideran la condición de vivienda habitual del causante como motivo de reducción, siempre que sea de padres a hijos y no se venda en el plazo de cinco años. En general este impuesto es bastante objetivo y no se puede "jugar" con él, puesto que tanto los valores, como los años de pertenencia, como los coeficientes, nos vienen impuestos.

El plazo común para ingresar ambos impuestos es de seis meses desde el fallecimiento del causante.

Sentadas estas premisas le propongo lo siguiente:

Infórmese en su Ayuntamiento sobre las ordenanzas fiscales. Y si esta dentro del plazo voluntario- los seis meses-, puede pedir un aplazamiento o un fraccionamiento del impuesto. ( Normalmente hasta cuatro años). Debo indicarle que normalmente estas figuras llevan un recargo e intereses.

También debo informales que en algunos ayuntamientos conceden un aplazamiento gratuito de seis meses, siempre que se solicite en plazo.

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