¿Por qué aparcar es una odisea par una persona con movilidad reducida?

 

Disponer en España de una tarjeta de aparcamiento para personas con movilidad reducida no garantiza encontrar una plaza dónde estacionar el vehículo cerca del lugar al que se desea acudir. Son varias las causas que lo imposibilitan. Destacamos como relevantes las siguientes:

 

Diversidad de criterios en las normativas que regulan el aparcamiento

 

A pesar de que el Consejo de la Unión Europea emitió una recomendación el 4 de junio de 1998, estableciendo la tarjeta europea de estacionamiento para personas con discapacidad cuyo texto dice que dicha tarjeta deberá ser reconocida en todos los Estados miembros de la UE con arreglo a un “modelo uniforme”, la situación actual en España dista mucho de poder ser calificada como un “modelo uniforme”. Ello por que, cada municipio regula este derecho según sus propios criterios y las normas pueden ser totalmente distintas entre un municipio y otro, incluso dentro de una misma comunidad autónoma. No existe una regulación de ámbito nacional. En un estudio de la organización de Consumidores y Usuario advierten las diferencias entre unos municipios y otros. Municipios que permiten el aparcamiento en zonas de estacionamiento regulado,otros que obligan a su pago y otros que dejan estacionar en los lugares de carga y descarga a quienes porten tarjeta de discapacidad, mientras otros lo prohíben; consistorios que sólo aceptan las tarjetas de aquellos que están empadronados en el municipio e incluso algunos que otorgan plazas a vehículos concretos que no pueden ser ocupadas por otras personas con discapacidad si no coincide el número de matrícula. Otras veces la normativa puede cambiar de la noche a la mañana para hacerse más restrictiva.

 

La escacez de plazas y la mala ubicación de las existentes

 

Otra causa relevante es la escasez de plazas. En este sentido, el presidente de ASPAYM Cataluña, Emili Ramón Figueras, comenta que, “en Barcelona, hay bastantes plazas, pero están reservadas para vehículos concretos. Para las personas con discapacidad en general hay escasez de plazas de aparcamiento, especialmente en los alrededores de los edificios oficiales, a los que tenemos que acudir a menudo”. Ocurre también que ayuntamientos que son reticentes en la creación de plazas de estacionamiento pueden, sin embargo, ser excesivamente generosos en la concesión de tarjetas expidiendo tarjetas a gente que tiene discapacidades muy leves y no están realmente en una situación de movilidad reducida.

 

Falta de Civismo

 

A los anteriores problemas hay que añadir esas dificultades que surgen en el día a día, en gran parte provocadas por el incivismo de otros conductores. Aunque cada día hay más conciencia social sigue habiendo gente que aparca y ocupa una plaza de discapacidad durante una hora.

 

La lacra del fraude y la falsificación de tarjetas

 

El uso fraudulento de las tarjetas de aparcamiento para personas con discapacidad es una realidad. Hay familiares de los titulares de las tarjetas que las usan para ir a hacer la compra o utilizan la tarjeta de un familiar que ya ha fallecido y que está caducada. Además del uso fraudulento, existe otra lacra que cada vez se da con más frecuencia, debido al avance de las tecnologías: la falsificación de tarjetas. Quienes falsifican están cometiendo un delito e impidiendo que personas que realmente tienen problemas serios de movilidad puedan aparcar.

 

¿Cúal sería la solución? 

 

Ante este panorama, la tarjeta Europea, nacida de la Recomendación emitida por el Consejo de Europa en 1998, podría ser un instrumento de homologación si se implantara, con criterios comunes, en todos los ayuntamientos. Dicha tarjeta, que ya es oficial en algunos municipios, es de color azul, lleva el símbolo universal de la discapacidad junto a las 12 estrellas de la bandera europea e incorpora todas las lenguas oficiales de la UE. Como las competencias en materia de movilidad corresponden a los ayuntamientos, la homologación de normas bajo el paraguas de la tarjeta europea, es algo que solo puede venir de la implicación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), máxima responsable de todas estas situaciones. Si a los municipios les llegaran unas directrices claras desde sus propias federaciones, sería mucho más sencillo. No obstante, desde la propia FEMP, puntualizan que la Comisión de Movilidad únicamente puede elaborar un informe no vinculante que deberá elevara la Comisión Ejecutiva para su aprobación. En el mejor de los casos, la FEMP no puede imponer nada a los municipios, tan solo hacer recomendaciones.

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