¿Está obligada la Comunidad a hacerse cargo de las obras de accesibilidad de las instalaciones comunes?

Una de las consecuencias de la Ley de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha sido la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal 49/1960. Así, el 28 de junio de 2013 entran en vigor las modificaciones introducidas en la Ley 8/2013.

La publicación de la Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación urbanas termina de apostar por la accesibilidad en las Comunidades de Propietarios.

¿Cuándo está obligada la Comunidad a hacerse cargo de las obras de adaptación de las instalaciones comunes?

Cuando la persona interesada lo solicite, las comunidades de propietarios están obligadas a realizar las obras y actuaciones que resulten necesarias para garantizar los ajustes razonables en materia de accesibilidad universal y, en todo caso, las requeridas a instancia de los propietarios en cuya vivienda o local vivan, trabajen o presten servicios voluntarios, personas con discapacidad, o mayores de setenta años, con el objeto de asegurarles un uso adecuado a sus necesidades de los elementos comunes, así como la instalación de rampas, ascensores u otros dispositivos mecánicos y electrónicos que favorezcan la orientación o su comunicación con el exterior.

La ley considera que el ajuste es razonable, y por tanto las obras deben de ser asumidas por la Comunidad si su coste no excede de 12 mensualidades ordinarias de gastos comunes una vez descontadas las subvenciones o ayudas públicas.

En el caso de que las obras excedan las doce mensualidades ordinarias, el exceso de dicho importe pueden asumirlo los promotores de las mismas, mientras que seguirá siendo obligatorio para la Comunidad contribuir con una cantidad equivalente al presupuesto ordinario de un año.

Por supuesto, si las obras se someten a la consideración de la Junta, y se aprueban por la doble mayoría de propietarios y coeficientes, el acuerdo obliga a todos los propietarios. Y todos contribuirán, en proporción a su coeficiente, al importe total de las cuotas aunque excedan un año de de las mismas.

¿Quién debe instar el derecho?
El propietario de la vivienda

¿Quién es el beneficiario?
Quienes acreditando la discapacidad a través de certificado o su condición de tener 70 años de edad o más son titulares de la finca en calidad de propietarios, arrendatarios, subarrendatarios, usufructuarios o meros usuarios de la vivienda.

En el siguiente enlace pueden descargarse la guía informativa publicada por el CERMI que contiene éste y otros aspectos sobre obras en Comunidades así como los formularios preparados para su presentación al Presidente o al Administrador: Guía informativa CERMI (pdf)

 

  • Logotipo del IMSERSO, Instituto de Mayores y Servicios Sociales
  • Logotipo del Real Patronato sobre Discapacidad
  • Logotipo del Plan Avanza
  • Logotipo de la Fundación Vodafone España
  • Logotipo de la Fundación ONCE
  • Obra Social Caixa